SHARE

En la tarde de hoy ha tenido lugar, en el Teatro Municipal, una charla informativa organizada por la asociación valverdeña “Abogados informan”, compuesta, entre otros, por los letrados Sara Palomar, Manuel Romero, Francisco Javier Castillo o Antonio Parreño.

En ella, se ha dado información útil sobre los procedimientos a llevar a cabo en caso de que se desee interponer una reclamación ante la entidad bancaria por la presencia en el préstamo hipotecario de la denominada “cláusula suelo”.

Comenzaba la exposición Romero, quien destacaba la evolución experimentada por la hipoteca en los últimos años, manifestando la imposibilidad que suponía antes iniciar procedimientos de negociación con la entidad bancaria. Hecho que, a partir de reciente jurisprudencia, se ha facilitado.

El origen del conflicto se remonta, ha explicado Romero, a la bajada del Euribor que el Banco Central Europeo realizó para aliviar la situación de crisis. Tal bajada debería repercutir en el recibo del préstamo hipotecario, pero las asociaciones de usuarios y consumidores se percataron de que, al tiempo que los bancos establecían un interés, esa bajada apenas se percibía para el consumidor.

Por ello, el Tribunal Supremo, en sentencia de nueve de mayo de 2013, estableció la falta de transparencia de tales cláusulas, que se encontraban insertas entre un cúmulo de otras tantas cláusulas cuyo contenido era apenas accesible para el cliente medio. Ello trajo como consecuencia jurídica inmediata la nulidad, que supone, a efectos prácticos, que tal cláusula nunca debió haber existido en el contrato. Pero este mismo tribunal determinó que la devolución de los intereses indebidamente pagados no se produciría desde la firma del contrato hipotecario, decisión que desvirtuó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entendiendo que debía realizarse desde aquella.

Esto dio lugar a un Real Decreto en el que el Gobierno puso en marcha un procedimiento extrajudicial de reclamación ante el banco, que debía ser resuelto por la entidad en un plazo máximo de tres meses.

Otra cuestión, también objeto de controversia y declarada nula, es la denominada “cláusula de gasto”, que fue declarada nula no por falta de transparencia, sino de proporcionalidad. La cláusula de gasto está compuesta por todos los importes que es necesario satisfacer para la formalización del contrato, y que estableció la entidad bancaria que debía ser a cuenta íntegra del cliente.

La misma suerte de nulidad corrieron otras dos cláusulas, la del vencimiento anticipado y la de intereses de demora. La primera de ellas conlleva que, si el cliente deja de abonar determinadas mensualidades del préstamo hipotecario, el banco puede poner a subasta judicial el inmueble. Del mismo modo, entendió el Alto Tribunal que se trataba de una cláusula abusiva. Respecto de la segunda, no existe apenas discusión entre la doctrina sobre su nulidad.

A tal efecto, la asociación recomienda que, si el consumidor recibe una carta, normalmente enviada no directamente por la entidad, sino por empresas de cobro, reclamando las cantidades adeudadas, no se responda al requerimiento de pago fundamentado en unos intereses declarados nulos, sino que se recurra a la vía judicial. Es decir, las cantidades que el banco reclaman superan las que la jurisprudencia ha considerado proporcionadas, por lo que, de atender a esa carta de pago, se estaría abonando una cantidad mayor de la que en realidad pertenece.

En relación al Real Decreto, procedía Francisco Javier Clavijo, afecta a personas físicas, y solo a pequeñas empresas que cumplan dos condiciones: que no persigan ánimo de lucro y que hayan solicitado el préstamo para fines ajenos a su actividad empresarial.

Destacaba el letrado del procedimiento su carácter extrajudicial, voluntario y gratuito, aunque manifestando que prácticamente ninguna de las indicaciones contenidas en él resultan de imperativo cumplimiento para el banco: si el banco no responde a la reclamación del cliente, a efectos legales no ocurre nada, y si contesta puede hacerlo oponiéndose a la reclamación o allanándose (aceptándola).

Aconsejaba Clavijo presentar la reclamación ante el banco afirmando no acogerse al Real Decreto, y si no contesta, acudir a los juzgados. Además, si la entidad ofrece una determinada cantidad, rechazarla, probablemente porque sea inferior a la que realmente corresponde.

En su ponencia, Antonio Parreño profundizaba sobre la cláusula de gasto, establecida siempre como obligación del prestatario (cliente). Esa cláusula de gasto está compuesta, entre otras cantidades, por los gastos de Notaría, gerencia, tributos devengados como consecuencia de la operación…

El consumidor reclamante puede solicitar la devolución de los gastos de Notaría, gerencia o el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Para ello, informaba el letrado, es importante contar con las escrituras y las facturas que acrediten tales gastos. La reclamación de estas cantidades tiene un recorrido judicial bastante más corto que la reclamación de la cláusula suelo. Respecto de los gastos ya amortizados, aunque existe discrepancia entre la doctrina al respecto, se considera que se pueden reclamar todos, sin límite temporal.

La última letrada en intervenir fue Sara Palomar, quien explicaba las consecuencias fiscales derivadas de que la cláusula reclamada por el consumidor finalmente sea declarada nula y por tanto tenga derecho a su devolución íntegra.

La regla general es que las cantidades percibidas como consecuencia de la nulidad de cláusula suelo sobre vivienda no habitual es que no tributa, es decir, no es necesario declararlo en la declaración de la renta. Si recae sobre una vivienda habitual con derecho a deducción ejercido, sí existe obligación de regularizar la situación, que se realizará en función del período impositivo en el que se haya obtenido la sentencia. También es posible negociar con la entidad que, en lugar de que las cantidades se devuelvan en metálico, se produzca una reducción del préstamo hipotecario en la cuantía establecida, sin que exista obligación de tributar.

Para finalizar, los letrados miembros de la asociación lanzaban dos recomendaciones:

  • La primera, acudir a la entidad bancaria a reclamar lo que pertenece.
  • La segunda, asesorarse por un profesional de la abogacía de confianza, no aceptando ninguna propuesta realizada por el banco sin consulta previa.

No hay comentarios

Deja un comentario